La Junta General del Principado de Asturias ha renunciado a enviar al Senado propuesta alguna de candidatos para renovar el Tribunal Constitucional. Tal actitud es idéntica a la defendida por las asambleas legislativas del País Vasco y Cataluña, que han querido mostrar con ello su desapego a uno de los soportes del edificio constitucional que nos ampara. ¿Qué pinta el órgano legislativo asturiano junto a los de las dos Comunidades Autónomas que están dominadas por fuerzas políticas que tienen ambición de acabar separándose de España?

Sabe el lector que la renovación de los magistrados que integran el Tribunal Constitucional se realiza de manera periódica por tercios y que las propuestas han de proceder de las Cámaras -cada una de ellas designa a cuatro magistrados-, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial que promueven respectivamente a dos magistrados. También habrá podido conocer el ciudadano informado que, en estos momentos, se está procediendo a la renovación del Tribunal por parte del Senado. A tal efecto, hace unas semanas, su Presidente fijó el día diez de febrero como el plazo final para que las Asambleas legislativas autonómicas remitieran los nombres de sus candidatos.

Esta participación regional es fruto de una reforma impulsada hace casi diez años (en mayo de 2007) para fortalecer la impronta de la representación territorial. No estaba en la configuración original del Tribunal Constitucional pero su razonabilidad fue avalada por el propio Tribunal en dos sentencias que tienen como referencia los números 49 y 101 de 2008. El objetivo de esa alteración legislativa fue intentar anudar mejor los vínculos entre las Asambleas regionales y el Senado. A nuestro juicio, se concretaba así una buena idea porque esta presencia regional enriquecería las propuestas con las que habrían de trabajar los grupos parlamentarios en el Senado.

¿Qué ha pasado en la realidad? Pues que, a pesar de que el Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69.1 CE), el día a día nos demuestra cómo sigue respondiendo y actuando según los dictados de las cúpulas de los partidos políticos en lugar de reflejar y armonizar los matices propios de los intereses regionales. Y todo ello a pesar de que, recordemos, la elección de los senadores se realiza en listas totalmente abiertas ya que los electores tenemos la posibilidad de optar por cualquiera de los candidatos de cualquier partido. Recapacitar sobre esta realidad debería hacer meditar, y acaso ruborizar, a quienes todavía consideran que las listas abiertas favorecen una mejor representación ciudadana.

En resumen, dos circunstancias han conseguido estrellar y pulverizar tal reforma. Por un lado, la férrea “cupulocracia” que padecemos pues las cúpulas de los partidos mayoritarios han promovido a los mismos candidatos en muchas Asambleas regionales pervirtiendo, además del sistema democrático, el debate regional. Por otro lado, la indiferencia de algunas Asambleas regionales que se desentienden de formular propuestas, desentendiéndose así de su obligación de colaborar en el mantenimiento de los equilibrios propios de un Estado ampliamente descentralizado como es el español. Este ha sido el caso de la asturiana.

¿Cómo es posible que la Junta General del Principado de Asturias no haya enviado ninguna propuesta al Senado? ¿Es que los diputados asturianos padecen el mismo desapego hacia las instituciones españolas que algunos diputados vascos y catalanes? ¿Desconocen los diputados que hay destacados juristas asturianos que están capacitados para desempeñar las funciones de la alta magistratura constitucional? ¿Ignoran los diputados lo que sabemos quienes no vivimos en Asturias? Porque, sonroja tener que recordarlo, hay Profesores de la Facultad de Derecho de Oviedo cuyas obras son seguidas con interés por quienes somos especialistas. De igual forma, existen Magistrados en los Tribunales asturianos que gozan de amplia reputación en el mundo judicial y también abogados en ejercicio cuyos recursos y escritos están inspirados por la mejor técnica.  Es más, para colmo, existe una Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. ¿Por qué han despreciado los diputados presentes en la Junta General del Principado esta realidad tan brillante y que tanto les debería enorgullecer?

La verdad es que nos resulta difícil a los profesores seguir explicando el sistema constitucional español cuando unos diputados regionales se permiten desatender de manera tan clamorosa sus funciones.

FRANCISCO SOSA WAGNER y MERCEDES FUERTES

Artículo publicado en La Nueva España el día 12 de febrero de 2017.