Estamos viviendo unos momentos especialmente críticos, además de tristes, para lo que es usual en la normal convivencia en una sociedad civilizada. Sabemos que han sido muchas las causas que han contribuido a fracturar lo que en algún tiempo fue una sociedad porosa y abierta durante las últimas décadas -la semilla de unos sentimientos de ruptura se plantaron con la torpe cesión del sistema educativo-. No quiero en este momento recordar la retahíla de sucesivos errores cometidos y consentidos. Cuando la urgencia se aplaque habrá que anotarlos y aprestar la voluntad suficiente para corregirlos. Lo que ahora procede es, de un lado, que el Gobierno no siga permitiendo el golpe al Estado urdido por los gobernantes catalanes y, de otro lado, que acierte a explicar bien en las sedes internacionales la realidad jurídica, económica y social de España. ¿Cómo es posible que los corresponsales de los medios de comunicación extranjeros se hayan quejado de no contar con un número de teléfono al que llamar para que el Gobierno atendiera sus preguntas en distintos idiomas? Frente a la actitud de un Presidente del Gobierno de España que lee unos folios, hemos presenciado cómo el Presidente catalán ha estado ofreciendo ruedas de prensa y aceptando numerosas preguntas al menos en inglés y francés.

El Gobierno ha de actuar con presteza. ¿Es necesario recordar los diversos instrumentos legales que tiene?

Ha de frenarse la declaración de independencia para lo que cuenta el Gobierno con la colaboración del Tribunal Constitucional ya que puede presentar un nuevo incidente de ejecución de la sentencia que declaró la suspensión de la llamada ley de transitoriedad. Y en este mismo escrito solicitar, para que se aclaren las ideas a los destinatarios, la imposición de multas coercitivas. Hemos comprobado qué bien entienden ese idioma.

El mismo precepto que acoge la facultad de imponer esas eficaces multas coercitivas, el artículo 92 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, precisa también la posibilidad de suspender en el ejercicio de sus atribuciones a las autoridades y funcionarios rebeldes, así como deducir testimonio al Ministerio Fiscal.

A mi juicio, debería igualmente el Presidente del Gobierno requerir -sin mayor dilación- de manera formal al Sr. Puigdemont para que abandone la práctica de los excesos inconstitucionales en que está incurriendo, como paso previo para poder transitar por el camino del famoso artículo 155 de la Constitución española. Porque, antes de acudir al Senado con las concretas medidas de suspensión de la autonomía, exige la Constitución ese requerimiento formal. No está de más empezar a precisar las múltiples medidas específicas que podrían adoptarse ya que es muy dilatado el abanico de posibilidades que permite ese precepto constitucional, aviso certero para tanto navegante contrario a la Constitución española.

Confiemos igualmente en que, desde el Ministerio de Hacienda, se estén controlando todos los pagos que realiza la Administración catalana y que la generosidad de nuevas transferencias sea meditada. Porque es posible que en los próximos días sean necesarios más recursos económicos, si los miedos del dinero espantan los depósitos bancarios tal como se rumorea hacia sucursales más seguras.

Vivimos tiempos inciertos y el Gobierno ha de responder y actuar. Como están actuando jueces y fiscales, como está actuando el Tribunal de Cuentas y como están actuando en silencio miles y miles de ciudadanos hartos de vivir un embrollo tan insoportable como artificial.

Publicado en el periódico Expansión el día 3 de octubre de 2017.