Después de una larga travesía la Unión europea ha acordado retirar del llamado mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero una cantidad significativa de certificados. La colosal reducción del precio de la tonelada de carbono en los últimos años ha sido el motivo para adoptar esa decisión. Como un imaginario castillo, precisamente en el aire, se han desplomado las cifras recogidas en los documentos iniciales. De ahí que apartar certificados de un mercado saturado se haya considerado una alternativa asequible para propiciar el incremento de los precios.

Resulta muy conveniente que ese sistema de mercado se desarrolle de manera adecuada porque muchas esperanzas están en él depositas para luchar contra las graves consecuencias del cambio climático. No hace falta recordar los informes científicos, las recientes tragedias ambientales o las fotos de personas con mascarillas en algunas ciudades chinas para insistir en la urgencia de atender a la contaminación atmosférica. Y Europa debe persistir en este ejemplo, como muestra de una civilización que respeta los derechos de las personas y los ecosistemas. Y ello aunque esté muy sola en el panorama mundial por la ambigüedad y la falta de avances que persisten en las Conferencias del clima promovidas por las Naciones Unidas, como acabamos de leer tras la cumbre celebrada en Varsovia.

La Unión europea estableció el régimen del comercio de los derechos de emisión de gases efecto invernadero mediante la Directiva 2003/87, de 13 de octubre y previó su inicio a principio de 2005. El otorgamiento de unos certificados y su posible negociación se presentó como un instrumento ventajoso para atraer la colaboración de las empresas al objetivo de minorar sus emisiones. En lugar de que la compensación por contaminar descansara en el pago de un impuesto, se asignaron derechos de emisión a los países y a las empresas para articular un mercado privado. En términos muy elementales, se trataba de incentivar de manera voluntaria la mejora de las instalaciones y tecnologías por las empresas y, en su defecto, se haría necesaria la compra de esos derechos de emisión.

Sin embargo, hasta ahora los resultados han sido bastante distintos al horizonte propuesto. La Agencia europea de medio ambiente ha alertado de que las emisiones contaminantes no han disminuido de manera sensible, el Tribunal de Justicia de la Unión europea ha tenido que pronunciarse sobre conflictos surgidos por los distintos planes de los Estados miembros, las asignaciones gratuitas realizadas o las multas impuestas; muchas empresas no han invertido en nuevas tecnologías ni han reducido sus emisiones al faltarles incentivo, pues les han sobrado los derechos de emisión que tenían asignados. Es más, algunas han obtenido importantes beneficios vendiendo esos excedentes que gratuitamente recibieron. Por el contrario, algunos Gobiernos, el de España es un ejemplo, han tenido que comprar derechos para atender a la responsabilidad de la denominada contaminación “difusa”, esto es, la que generamos por ejemplo los ciudadanos en nuestros hogares, con el transporte, etc. Ciertamente un contrasentido.

De ahí la urgencia de una reforma sustancial del sistema de derechos de emisión y de ese mercado. Varias son las propuestas en las que desde hace tiempo insisten los especialistas. Tal es el caso del establecimiento de un único límite de emisiones para toda la Unión europea, la realización de subastas en lugar de las asignaciones y negociaciones existentes, la ampliación y apertura de ese mercado a otras empresas e, incluso, la participación de particulares a través de fondos de inversión que acogieran certificados de emisiones…

No obstante, conviene atender a otras políticas públicas que permitan inspirar un mejor aire limpio.

Aires que proceden de países nórdicos nos proponen labores de incremento de la masa forestal que, además, impulsan rentables mercados de bienes y servicios. Es a través de la restauración de las zonas quemadas por incendios, de los trabajos de lucha contra la deforestación, de las actividades de conservación de los espacios boscosos y, sobre todo, de incrementar de manera constante la masa forestal, como se puede luchar de una manera más eficaz contra el cambio climático. Y los meses de invierno son bien propicios para estas tareas.

En estos tiempos de crisis e inseguridades, de reformas y búsquedas de alternativas, haría bien la Unión europea en corregir ese mercado de derechos de emisión de gases, pero también todas las Administraciones públicas y los titulares de montes en estimular otros mercados que nos bajaran los humos.

Publicado en el periódico Expansión el 14 de diciembre de 2013.