Asignaturas pendientes en el nuevo curso

Septiembre ha sido siempre un mes evocador. Iniciamos un nuevo curso tras el estío y con cierto ánimo orientamos la mirada hacia nuevos proyectos, sin olvidar aquellos otros asuntos que quedaron pendientes. En el ámbito local resulta necesario insistir en problemas conocidos pero no por ello menores. Es más, si alguien quisiera hacerse el despistado, el Banco de España acaba de poner hace unos días encima de las mesas un Informe plagado de números para resaltar lo siguiente: el mundo rural sufre notables carencias para facilitar el acceso a los servicios públicos.

A quienes nos interesa el Derecho local, quienes vivimos en pequeños núcleos de población contamos largas experiencias sobre tales dificultades, sobre la reducción de las prestaciones e, incluso, desaparición de transporte público, de estafetas de correos, de escuelas infantiles, de centros de asistencia sanitaria, de bibliotecas… De ahí que desde hace décadas se demande la necesaria reordenación del mapa municipal para consolidar unos Ayuntamientos con suficiente capacidad financiera que garantice su adecuado funcionamiento. Es esta una competencia autonómica y, a pesar de la voracidad de las Comunidades Autónomas para acumular platos y platos de competencias que engullir, ésta en concreto de la ordenación territorial, resulta un guiso que se ha probado muy poco. Y cada vez es más la necesidad de atenderlo.

Hace dos años que la Comisión Europea difundió un estudio que precisa indicadores para facilitar el análisis de las prestaciones y sus carencias. Porque, si se pretende garantizar la mínima igualdad de los ciudadanos europeos, una similar calidad, si se impulsan planes de desarrollo rural o políticas de cohesión, resulta indispensable contar con unos instrumentos claros de estudio de la situación. Y así, se señalaron específicos servicios locales y regionales, se precisaron pautas de examen, parámetros para valorar las infraestructuras de transporte… En ese documento se consideraba la posibilidad de que los ciudadanos nos desplazáramos a pie o en bicicleta.

El Banco de España ha utilizado tal guía para concluir que muchos de los ciudadanos que vivimos en zonas rurales han de recorrer varios kilómetros de distancia. ¿Números? Este Informe ofrece suficiente información y conviene adentrarse en sus páginas para no confundirse con las equívocas o ambiguas medias aritméticas. La primera impresión puede resultar engañosa. Un ejemplo: al comparar la distancia media para tal acceso en los Estados miembros de la Unión Europea, en principio, España ofrece un resultado adecuado. En concreto, la media es de 3,5 km, mientras que considerada toda la Unión Europea esa cifra se concreta en 4 km.

Tal distancia se multiplica cuando dejamos a un lado ese resumen medio y consideramos todos los pasos o pedaladas obligadas en las zonas rurales. Las cifras son ya de dos dígitos. Superando en algunos Ayuntamientos los treinta kilómetros.

La prestación de aquellos que son regionales queda peor parada. Si la cifra media en España ronda los 25 km., los vecinos de decenas de localidades de Soria, Zamora, Lugo, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, en fin, de bastantes provincias españolas, tienen que recorrer más de 80 kms.

Tras esta información, las siguientes páginas del Informe muestran otras comparaciones de interés: las diferencias en la recaudación municipal y, sobre todo, los escasos recursos con los que cuentan los Ayuntamientos. Los corporativos y los funcionarios locales lo saben bien y podrían completar tales gráficos con su experiencia y, lo que ahora preocupa más, con la agravación de la situación paupérrima de las arcas municipales tras la pandemia.

El aumento de la deuda de los transportes municipales, los retrasos en las transferencias prometidas hace meses, el desmesurado incremento de la tarifa eléctrica, así como la extensión del número de familias con dificultades económicas a las que hay que atender, están acrecentando los problemas financieros municipales. Urge, en consecuencia, importunar al Gobierno y a los grupos políticos de las Cámaras. Resulta indispensable afrontar una reforma eficaz de la financiación local. El aval que ofrece el Banco de España y el impulso del nuevo curso ¿conseguirá algún fruto?

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