Resulta insólito. Absolutamente inaudito y vituperable. El día 23 de abril nos hemos encontrado, al abrir la edición del Boletín oficial del Estado, con unas líneas incalificables que arruinan la solvencia de las instituciones de un Estado democrático. En este caso, de las Cortes Generales. Porque, al hilo de la aprobación de una Ley orgánica, que exige el consenso mayoritario de los parlamentarios, se señala en su Exposición de Motivos a un partido político, el Popular, como el responsable de -y la cita es literal: “un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”.  ¿Qué obsesivo sectarismo ciega a los representantes públicos que han redactado ese texto? Porque tales palabras aparecieron desde el inicio de la tramitación en la proposición presentada por el grupo socialista (Boletín de las Cortes de 18 de septiembre de 2020). ¿Qué mezquino fanatismo alimenta a unos diputados para, en lugar de integrar, en lugar de aunar intereses, solo abonan y riegan la perversa y venenosa planta del más necio dogmatismo?

“Pobre barquilla mía…” (nos anunció Lope de Vega) ¿cómo podremos encauzar el rumbo de España con estos parlamentarios tan ciegos como toscos? ¿Tendría razón Gustavo Bueno quien insistía en lo inmaculado de nuestros políticos, en su limpieza y pureza al no tener mancha alguna de conocimiento y de modales democráticos?

Parece mentira que haya que recordarles los palotes esenciales de la civilización, que las sociedades democráticas se apoyan en el respeto, en la tolerancia como muestran los constantes ejemplos ciudadanos de trabajo conjunto y esforzado, de voluntariado, de campañas solidarias y, sin embargo…, sin embargo, parece que los parlamentarios están siguiendo el camino de los regímenes totalitarios al señalar desde el Gobierno a sus opositores. Cuando resulta más necesaria la colaboración política en estos tiempos de pandemia, de lucha contra el cambio climático, de defensa ante los ciberataques y otros graves problemas, cuando resulta indispensable la deliberación entre todos, 189 diputados han aprobado un texto que insiste en levantar un muro entre las diversas opciones políticas. ¿Cómo podemos garantizar ante la Unión Europea que cumplimos los mínimos requisitos de un Estado democrático con estas malas y bochornosas prácticas? ¿Acabaremos como Hungría?

Resulta ocioso recordar al lector de este periódico, pues quien lee un periódico ya demuestra cierta solvencia intelectual, que los diputados del Partido Popular juraron o prometieron la Constitución española, cosa de la que no pueden presumir decenas de diputados que hoy son socios del Gobierno de Sánchez y que utilizaron rocambolescas expresiones para mostrar sus diferencias con el espíritu de consenso que animó la conquista de un Estado de libertades públicas, de garantía de una sociedad abierta. Debiera resultar innecesario aludir a que durante los Gobiernos anteriores muchas leyes orgánicas y no orgánicas se aprobaron con un mínimo acuerdo de los partidos mayoritarios. ¿Por qué este interés en embarrar la democracia? ¿Es que ciertamente no hay idea alguna en la cabeza de esos parlamentarios con la excepción de la de degradar a su oponente?

Al Gobierno del Sr. Rajoy le criticamos con dureza algunos porque no tuvo la decencia democrática de asistir a la moción de censura que se le presentó. Pero no se puede afirmar de aquel Gobierno lo que significan las miserables palabras que dan origen a este artículo.

Convendría que las Cámaras tramitaran con urgencia una reforma de esa expresión contenida en la Exposición de Motivos. Porque no es un asunto que deba trasladarse al Tribunal Constitucional. Es un asunto de respeto democrático entre los parlamentarios que no pueden airear tan crudamente el feto monstruoso de su perversión totalitaria.

(Publicado en el periódico Expansión el día 24 de abril de 2021).