La lectura de las crónicas parlamentarias consigue incrementar la perplejidad en estos tiempos de tribulación. Por un lado, los diputados han renunciado a controlar durante seis meses las notables facultades que se ha autoatribuido el Gobierno en la última declaración del estado de alarma. Por otro, en la agitación para tratar de aprobar el proyecto de presupuestos generales del Estado, cuya coherencia y solvencia ha sido criticada por el Banco de España o la Autoridad de responsabilidad fiscal, presenciamos una especie de subasta mendigando los votos necesarios. Una subasta en la que se sigue despiezando el patrimonio común que debería asentarse en la igualdad de oportunidades de los españoles, en la unidad jurídica de los asuntos capitales que a todos nos afectan, en la búsqueda con tolerancia del interés común. ¿Un penúltimo ejemplo? Excluir la necesaria enseñanza del español en las escuelas.
Es cierto que Gobiernos anteriores no cuidaron mínimamente la lengua común pues es larga la historia de situaciones conflictivas. Lo ponen de manifiesto muchas sentencias del Tribunal Constitucional que han tenido que insistir en el deber de su conocimiento como establece el artículo 3 de la Constitución española (entre otras las número 84/86, de 26 de junio o 88/2017, de 4 de julio); también los Tribunales Superiores de Justicia han exigido un número mínimo de clases y de horas en español, resoluciones que siguen sin ejecutarse en sus debidos términos; lo vemos con valientes actuaciones de asociaciones y colectivos que pretenden que impere la tolerancia en la riqueza lingüística, que se garantice un básico principio de libertad de uso; en fin, con las investigaciones que están siguiendo las instituciones europeas ante las denuncias presentadas…
Por consiguiente, las cizañas se sembraron hace años y de esas cizañas son responsables todos. Lo nuevo es que el anunciado abandono de la planta común lo haga un Gobierno que se presenta como social-comunista, esto es, que rechaza los idearios conservadores y tradicionalistas y, sin embargo.., sin embargo, expulsar al español de las aulas resulta una medida muy reaccionaria.
No apunto a las consecuencias de reducir la riqueza económica que tiene la expansión del idioma, ahora que estamos tan faltos de recursos. Aludo a otro aspecto más relevante: ¿cómo es posible que se quiera encerrar a los pequeños en un valladar estrecho de miras y de intolerancia? ¿Por qué anular el “ascensor social” que supone la correcta educación y formación que ha sido una de las enseñas características del pensamiento político de la izquierda moderada? Y es que esas serían las consecuencias de excluir la enseñanza de un idioma que hablan en la actualidad alrededor de 580 millones de personas en el mundo y en el que hay millones de páginas de exquisita literatura.
Enclaustrar a los estudiantes en un mundo donde predomine sólo la riqueza del entorno doméstico y local implica podar la apertura del conocimiento.
¿Qué hacer? He de confesar que muchos amigos desalentados me recuerdan el escenario que nos narra Quevedo, en la Hora de todos, cuando surge inopinadamente un fuego y los arbitristas, en lugar de apagarlo, agarran “cuanto había en palacio, y, arrojando por las ventanas los camarines y la recámara, hicieron pedazos cuantas cosas tenía de precio…Otros, deshicieron gran parte de los tejados, arruinando los techos y asolándolo todo…” Así parece ahora la política española.
No obstante, frente a esa desesperanza hay que recordar que las lenguas tienen unas propiedades singulares. La lengua pertenece a sus hablantes. Somos los ciudadanos quienes defendemos con nuestra expresión, con nuestras lecturas, con el disfrute de tantas expresiones artísticas como el gran teatro español actual que se hace y se representa.
Las Administraciones públicas también podrían sumarse a esta defensa. Lo mismo que las empresas ¿Cómo? Incorporando en las pruebas de acceso un examen o entrevista que acreditara su buen uso.
Sabemos que en varias Comunidades Autónomas se exige una prueba de idioma, pero sólo relativa a la lengua cooficial. En el resto de España y, a pesar de lo que dispone el artículo 9 del Reglamento de acceso a la función pública, son muy escasas las oposiciones y concursos que incorporan una prueba lingüística. Se trataría de incorporar esa prueba, una prueba no eliminatoria y que sirviera para elevar la puntuación de aquellas personas que saben expresarse de manera adecuada.
Con ello obtendríamos, además, otras ventajas: claridad en algunas obtusas notificaciones que recibimos de los Ministerios, por ejemplo, del de Universidades y, quizás, llegaríamos incluso a entender las medidas que nos quiere explicar el Gobierno.
(Publicado en el periódico Expansión el día 6 de noviembre de 2020).