La musa de la desjudicialización

El debate para la investidura del Presidente del Gobierno ha sembrado notables inquietudes jurídicas.

Entre ellas sobresale la fragmentación del interés común. No me refiero a que ahora haya más partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados, algo con lo que se quiere torticeramente confundir, sino a que algunas formaciones se presentan como defensoras de un exclusivo interés local frente a la esencia de todo Parlamento, esto es, la común deliberación e integración de muy variados intereses. Y así ocurre en otros lares. ¿Un ejemplo? El Parlamento Europeo, donde más de cien partidos políticos logran trenzar acuerdos sólidos para proteger a los consumidores, preservar la calidad de las aguas, avanzar en instrumentos que ayuden a garantizar la ciberseguridad y otros tantos asuntos ante un horizonte geopolítico cada vez más complejo y complicado.

Es cierto que desde hace años nuestra Cámara de diputados ha padecido una intermitente dolencia: la de querer ser el Senado. Leyes y presupuestos generales se han aprobado pagando un precio en la subasta de votos en que se ha convertido la tramitación parlamentaria. El enfermo ha empeorado y, por ello, hemos visto cómo se compran votos para atender a específicas necesidades locales.

La enfermedad alcanza una gravedad crítica cuando advertimos que ahora, no es que tengamos dos Senados, es que el nuevo Gobierno deberá contar con la conformidad de otros actores para impulsar sus iniciativas. Así se dice en el texto firmado para la investidura -que no para la legislatura del Gobierno- con el PNV. A partir de ahora se ha de anticipar el contenido de los proyectos con el fin de llegar a un “acuerdo satisfactorio en caso de discrepacia” y “mantener una comunicación fluida con el Gobierno vasco en aras a evitar la judicialización de las discrepacias, que debe ser sustituidas por el acuerdo político”. ¡Sustituir! Esto es, desplazar el legítimo uso de la apelación a la Justicia, la interposición de recursos contencioso-administrativos, de recursos de inconstitucionalidad o conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional cuando se disienta. Después volveré sobre tal “desjudicialización” porque quiero mostrar otro fragmento del Estado.

Tal es el anuncio de una nueva “mesa de negociación entre Gobiernos” pactada con ERC como “instrumento político” y que deberá coordinarse “con otros espacios de diálogo existentes” entre los que se citan la Comisión bilateral u otra mesa de algunos partidos creada en el Parlamento catalán. ¿Para qué pues esa nueva mesa? Para “dialogar, negociar y acordar” el futuro político de Cataluña, cosa que deberá validarse con una consulta “a la ciudadanía de Cataluña”. ¿Y quiénes constituyen esa “ciudadanía” de la que se expulsa al resto de los españoles? ¿Los empadronados o a quienes se otorgue un título especial por sus apellidos? Varios signos de preocupante interrogación se abren.

La quiebra constitucional que originan estas palabras es notoria. Pero hay más porque se señala que se superará “la judicialización” del conflicto ya que se ha abierto una “nueva etapa” (sic, todos los entrecomillados son textuales).

La conmoción que genera la lectura de ese acuerdo así como las intervenciones en el debate de investidura espeluznan ¿Significa eso que las “condenas” a quienes violaron el orden constitucional deben superarse? ¿Están sobre esa mesa los indultos? ¿O que las futuras actuaciones que realicen independentistas no serán conocidas por la Justicia porque quedarán impunes? ¿Es que una nueva musa, “la desjudicialización”, suplantará a la Dama de la Justicia? Es decir, siguiendo esa alegoría, ello implica desestabilizar la balanza del equilibrio de la ley, hurtar la fortaleza de la espada del Ordenamiento jurídico y quitarse la venda para que los ciudadanos no seamos iguales ante la Ley.

Iniciamos, en consecuencia, una “nueva etapa” que fragmenta al Estado y, además, que incluye el riesgo de romper los principios básicos del clásico contrato social que rige en las sociedades democráticas donde el respeto a la Ley y a la Justicia es la garantía para la libertad y la igualdad de los ciudadanos.

Centenares de obras clásicas de pensamiento ilustrado, siglos de convivencia donde se han ido perfeccionando los pilares para sostener el edificio jurídico que acoge sociedades abiertas y democráticas, todo ello queda postergado porque nos retrotraemos a otras épocas, incluso propias del Antiguo Régimen. Pero esto es a lo que lleva considerar tan sólo el interés local, el de los nativos de una tribu, y no en el interés general, ese sobre el que tanto meditó un tal Rousseau.

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