La minuciosa labor del magistrado Llanera alumbró la semana pasada un denso auto de procesamiento describiendo lamentables actuaciones, impropias de quienes han desempeñado funciones públicas. También órdenes de detención contra quienes han estado burlándose de la Justicia, de instituciones públicas y, sobre todo, de tantas personas y empresarios que crean riqueza y bienestar.
Del mismo modo, concienzudos trabajos de otros funcionarios y policías -españoles y alemanes- han contribuido a que el anterior presidente del Gobierno catalán, que no merece el título de honorable, esté esperando la decisión de un juez sobre su posible extradición a España. Y resulta posible porque existe un marco adecuado de las autoridades judiciales en la Unión Europea a través del Espacio común de seguridad y justicia y, además, porque precisamente Alemania es un Estado que confía en el Derecho.
Allí la Federación y los Länder están suficientemente trabados por el principio de lealtad federal; es más, prácticamente pasó inadvertida la resolución del Tribunal Constitucional alemán que inadmitió con pocas frases bien contundentes la petición de realizar un referéndum en Baviera con el fin de separarse de la Federación (Auto de 16 de diciembre de 2016). Y es tal el respeto por el orden constitucional que el Código penal tipifica los delitos de alta traición a quien con violencia o amenaza de violencia haya intentado socavar la República Federal, cambiar su orden constitucional o separar una parte del Estado. Pueden llegar a ser castigados sus autores con una pena de prisión permanente y revisable… En fin, en Alemania hace pocos días se culminaron las negociaciones para formar Gobierno por parte de dos partidos políticos y se suscribió un denso contrato con puntos específicos y detallados que dirigirán su actuación en los próximos años.
Porque sólo con la seguridad que ofrece un claro marco jurídico puede contribuirse a mejorar la calidad de vida de las personas y facilitar la necesaria fluidez de las relaciones comerciales. Porque los ciudadanos y empresas, ya tengan el domicilio en Cataluña o no, merecen el correcto funcionamiento de las instituciones, su indispensable líquido amniótico. Este mismo periódico ha dado cuenta hace unos días de la petición que formuló el presidente del Círculo de directivos de habla alemana al presidente del Parlamento catalán. Palabras contundentes las suyas.
Hay que actuar en el Parlamento catalán y empezar por suprimir los signos que buscan la división por ser impropia de un lugar de deliberación y acuerdo. Signos -los lazos amarillos- que también deberían descolgarse de edificios e instituciones públicas pues la Administración ha de dar ejemplo de que actúa con objetividad e imparcialidad, respetando por igual los derechos de todas las personas y empresas.
Y deliberar como se hace en cualquier Parlamento en el seno de una Europa civilizada y preguntarse qué está haciendo la Administración, cómo se están tramitando los expedientes de ayudas a las empresas, la mejora de los servicios sanitarios, las becas a los estudiantes, los proyectos de nuevas infraestructuras… El Acuerdo del Gobierno de España para intervenir la Autonomía con apoyo en el artículo 155 de la Constitución no paraliza a ese Parlamento catalán. ¿O es que hay que recordarle el largo listado de competencias que recoge el Estatuto de Autonomía de las que es responsable la Administración autonómica? ¿hay que citar los muchos preceptos del largo Reglamento de esa Asamblea legislativa para evocar las funciones que tiene de control sobre los organismos autonómicos, la Sindicatura de Cuentas, el Consejo audiovisual, la Corporación catalana de medios audiovisuales? o ¿los muchos problemas reales que se demandan en la calle?
Es pues urgente coger impulso y con la pértiga de las adecuadas técnicas jurídicas, con la privilegiada situación que ofrece la Unión Europea, superar el fango de los últimos tiempos y pisar una tierra segura donde estén bien plantados el respeto a la Ley y la dedicación al servicio de unos ciudadanos ya verdaderamente mareados con tanto embrollo artificial.
(Publicado en Expansión el día 27 de marzo de 2018).