Difícil es entender las voces contrarias al separatismo que están clamando por el “desbloqueo” catalán y la necesaria constitución de un nuevo Gobierno en Cataluña.
Recordemos cómo, tras las elecciones, vino la ofensiva del Partido Popular dirigida a Inés Arrimadas para que se postulara como presidenta ya que era la persona que había encabezado la lista mayoritaria. Como no es posible que, quienes tal dislate defendían, ignoraran que es el Presidente del Parlamento quien ostenta la competencia para proponer a la Cámara un candidato, solo es posible atribuirlo a la mala fe de un partido que se ha visto seriamente dañado y empequeñecido por el voto adverso de los catalanes.
Esta campaña no ha amainado y todavía cobra de vez en cuando renovados bríos. A ella se han venido a sumar voces del sector constitucionalista más las declaraciones de los empresarios y sus organizaciones que piden “volver a la normalidad” y poder así contar cuanto antes con un Gobierno que realmente gobierne, apruebe leyes, emita decretos, resuelva expedientes y otras gollerías.
¿De verdad quieren las personas que combaten las tesis separatistas y los empresarios disponer de un Gobierno cuanto antes, de un Gobierno que habrá de estar lógicamente constituido por las fuerzas separatistas mayoritarias en el Parlamento? ¿A qué “normalidad” se refieren”? ¿a la del 3%? ¿Añoran unas leyes preparadas y aprobadas por quienes no creen en España ni en el libre juego del mercado, por quienes han querido volar por su cuenta separándose del Estado y desafiando a las mismísimas instituciones europeas? ¿de unos frívolos a quienes no importaba carecer de voz en la ONU, en la Organización Mundial del Comercio, en la OTAN etc, etc? ¿Un Gobierno compuesto por personas que han demostrado preferir la aventura política al respeto y la tolerancia propias de una sociedad abierta y madura?
Para quienes estamos alejados de esos postulados cuesta entender tales demandas que además vienen formuladas con carácter de urgentes.
Más lógico sería que tales sectores, formados por constitucionalistas y empresarios, que han visto la marcha de miles de empresas, pidieran al Gobierno de España que empleara todos los mecanismos de que dispone en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pues importa recordar que los materiales de que está compuesta la intervención autorizada por el Senado son de muy diversa textura y de lo que se trata de extraer de ella los máximos efectos. Dicho de otra forma: que logren desplegar todas las consecuencias que sean conformes con el orden constitucional.
Sería muy bueno, en tal sentido, que los ministros del Gobierno de España fueran realmente conscientes de que son Consejeros de aquella Comunidad autónoma y, en tal calidad, se personaran al menos un día a la semana en Barcelona para despachar con directores y funcionarios los asuntos pendientes de resolución o impulso aprovechando para impartir además las instrucciones generales pertinentes.
Hay en las Consejerías una lógica parálisis pero esa parálisis ha de ser rellenada por el Gobierno de la Nación. Que debe conducirse con toda legitimidad mientras las fuerzas separatistas se pelean por la investidura a distancia, por televisión o por teléfono, o por el voto, discutiendo si es presencial o con el diputado encapuchado y tantas otras lindezas a las que están entregadas sin que se aviste un plazo de finalización de este espectáculo.
¿Qué tal si el Gobierno de España aprovecha para ejecutar las sentencias en materia lingüística? ¿Y si se abren las convocatorias de subvenciones a todos los medios de comunicación? ¿Y si se inician procedimientos de revisión de oficio de expedientes discriminatorios? ¿qué tal si se garantiza la neutralidad en las dependencias públicas, la adecuada objetividad de los funcionarios y el cumplimiento de los códigos de conducta? ¿Debemos recordar que todo servidor público ha de respetar los derechos fundamentales y libertades públicas?
¿No puede ser, en fin, el 155 el número mágico que avente ilegalidades y entierre la arbitrariedad?
Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes
(Publicado en el diario Expansión el día 15 de febrero de 2018)