La neutralidad de la Red empieza a ocupar un merecido espacio en el debate público. Sin embargo, corremos el riesgo de que se deslicen y mezclen otros problemas también relevantes sobre los negocios en Internet, cuyo tratamiento jurídico requiere de matices y distingos.

Por un lado, leemos cómo el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica ha recogido la bandera de su defensa y se prodiga en declaraciones a favor de la neutralidad de la Red. Recordemos que por aquellas tierras una reciente sentencia anuló los criterios que la Comisión federal de telecomunicaciones norteamericana había establecido con el fin de ofrecer unos mínimos principios que garantizaran la libre elección y la igualdad de los internautas. Ahora se estudia una nueva regulación y la propuesta presentada por esa Comisión ha recibido millones de alegaciones que pretenden encauzarse a través de deliberaciones con especialistas que se difundirán a través de Internet.

Y es que este asunto lo merece. Porque defender la neutralidad de la Red es tratar de asegurar una mínima igualdad de los ciudadanos, que no se discriminen de manera arbitraria las nuevas iniciativas empresariales y, sobre todo, que no se afecten derechos fundamentales y libertades públicas, como la intimidad, la libertad de expresión, la de información o la de comunicación.

En España, como en general en los países de la Unión europea, carecemos de mecanismos eficaces para garantizar la neutralidad. De ahí que en mi último libro (“Neutralidad de la Red ¿realidad o utopía?”, Ed. Marcial Pons, 2014) proponga el establecimiento de precisas obligaciones públicas para que la imprescindible gestión del tráfico de datos, que realizan las empresas operadoras de comunicaciones, sea transparente, no origine discriminaciones arbitrarias, garantice una mínima calidad, y no perturbe, por supuesto, el libre ejercicio de nuestros derechos fundamentales.

No incluyo en toda la extensión de estas propuestas a los grandes que prestan servicios a través de Internet. Auténticos cíclopes a los que algunas compañías de telecomunicaciones califican abiertamente de parásitos de sus redes, porque obtienen millonarios beneficios sin que participen en la inversión en nuevas infraestructuras tan necesarias para que no se colapse el tráfico en Internet. Cíclopes que, además, sabemos que reducen con eficacia sus obligaciones tributarias a través de complejos entramados de operaciones, como bien nos han contado, entre otros Francisco de la Torre (“¿Hacienda somos todos?”, Ed. Debate, 2014) o Mercedes Serraller (“¿Por qué pagas más impuestos que Appel?” Ed. Conecta, 2014).

Por supuesto que resulta necesario controlar ciertas prácticas de estas empresas. Si existen abusos fiscales o comerciales, deben corregirse. Este segundo aspecto es el que ahora me interesa porque es el que conecta con la discusión sobre la neutralidad. Y, a mi juicio, no deben trasladarse las reglas que pedimos de la neutralidad de la Red a estas empresas.

Para controlar sus abusos contamos con los instrumentos que nos facilita el Derecho de la competencia mercantil. Recordemos que, en principio, no repugna que una empresa se extienda por la plaza del mercado. Pero lo que resulta indispensable es que permita el acceso a otras iniciativas. Que si se presenta como una dispuesta buscadora de información no nos muestre solo a su familia de filiales o solo a quienes le han pagado una sustanciosa suma. Y, sobre todo, que no encierre a sus clientes entre los muros infranqueables de sus programas, sus aplicaciones y sus informaciones para que solo dentro de ellos se desenvuelvan sus gustos.

La vida humana requiere respirar el aire con libertad. Resulta improcedente el argumento de que los usuarios admiten esas condiciones cuando las cláusulas que se presentan consisten en largos párrafos en las que no queda otra alternativa que “aceptar” para conseguir algunos servicios.

Urge que la Unión europea afronte con decisión la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos en Internet frente a las grandes empresas de telecomunicaciones y de servicios. Pero teniendo claro que las armas jurídicas han de ser distintas porque distintos son los campos en los que se batalla, porque distintos son las fortalezas conquistadas por la civilización moderna que deberíamos mantener. Defender la neutralidad de la red es tratar de garantizar la igualdad de oportunidades e impedir discriminaciones arbitrarias de las compañías operadoras. A las empresas de servicios les hemos de exigir que nos permitan disfrutar de una Internet abierta donde nos podamos mover con libertad los ciudadanos y las empresas.

Asuntos ambos que debemos afrontar con firme actitud de combate. Sin asomo de neutralidad.

(Artículo publicado en el periódo Expansión el día 16 de enero de 2015).