En medio de la borrasca de preocupaciones en la que todavía nos hallamos inmersos, pues no parece que se asienten aires cálidos de cierta estabilidad económica, ni tampoco se afrontan con decisión las reformas indispensables en la estructura y organización del Estado, recibimos, sin embargo, alguna noticia que permite cobijar pequeñas esperanzas. Tal pensamiento me ha surgido al leer el reciente Informe del Tribunal de Cuentas del pasado 25 de abril. Es resultado de la fiscalización de los contratos más relevantes que se suscribieron para realizar las obras de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Desde 2002 hasta su puesta en funcionamiento.
Su lectura es desoladora porque describe un surtido rimero de irregularidades e infracciones en los muchos contratos públicos analizados, fundamentalmente por dos entidades públicas, a saber: primero por el ente gestor de infraestructuras ferroviarias (GIF), al que sucedió la actual entidad ADIF. Organismos que se presentaron bajo la forma jurídica de entidades públicas empresariales para agilizar el actuar de la Administración y ganar en “eficiencia” y cuya actuación ciertamente deja mucho que desear. El informe del Tribunal de Cuentas señala: significativos retrasos porque la Administración no había realizado las necesarias expropiaciones de terrenos, defectos en los proyectos de obra, falta de replanteos previos e insuficiente supervisión técnica, declaraciones de urgencia sin que existieran motivos reales y adoptadas por órganos incompetentes, modificaciones en las obras sin que se justificaran nuevas necesidades o causas imprevistas, indebidas calificaciones de obras como complementarias sin ser tales y así seguido, otras muchas ilegalidades que bien pueden servir para ofrecer la imagen de lo que no debe ser la contratación pública. Un “antimanual”, “el revés del Derecho”. Y ello, además, con graves consecuencias económicas porque se cifra el sobrecoste de la obra en más del treinta por ciento de lo inicialmente presupuestado. Hay, por ejemplo, cita de contratos cuyas modificaciones originaron más de un doscientos por cien de incremento del precio inicial.
Y ¿por qué, a pesar de ese oscuro panorama de irregularidad, me ha producido cierto sosiego la lectura del Informe? Porque el primer paso para regenerar la ilegalidad es conocer que se ha producido. Ya este mismo año el Tribunal de Justicia de la Unión europea había confirmado incumplimientos del Derecho comunitario en varios contratos de obras de esa misma línea férrea en el tramo entre Lérida y Martorell. La sentencia tiene fecha de 31 de enero y confirmó la decisión de la Comisión en virtud de la cual perdimos casi treinta millones de financiación de fondos europeos. Ahora, por fin, es un órgano español, el Tribunal de Cuentas, el que nos muestra el espejo distorsionado y grotesto de la contratación pública. Y es que, aunque es importante que nos señalen los defectos desde fuera, mejor parece advertirlos por nuestros propios medios.
Resulta imprescindible cuidar el Estado de Derecho con instituciones que controlen el ejercicio del poder para evitar abusos y arbitrariedades. Controles internos, como el Consejo de Estado, la Intervención general del Estado y otros organismos de inspección, y también controles externos como el del Tribunal de Cuentas. Pero, además, resulta obligado que el personal de estos organismos crea en el interés general, garantizado por los tan fácilmente criticados funcionarios públicos, quienes deben dar ejemplo de “neutralidad, objetividad e imparcialidad” como impone el texto constitucional. Quizás, de ahí, el sospechoso interés por su reducción, como se propone desde algún gobierno autonómico. Habría que conocer mínimamente la historia de la conquista de los controles del poder. O, habría que leer símplemente algo, como la novela “Miau” de Pérez Galdós, para advertir las consecuencias de las cesantías y del clientelismo.
Pero tras este Informe, y otros semejantes, porque también el Consejo de Estado está precisando graves irregularidades en muchos contratos públicos, hay que continuar. Las irregularidades no deben quedar como anécdota del “antimanual de contratación”. Las leyes han de cumplirse porque no son un capricho las que regulan la contratación de los órganos públicos. ¿Es necesario recordar que cumplen significativas funciones de facilitar la competencia entre los empresarios y administrar mejor los dineros de todos?
Desde hace años (1995), la legislación de contratos de las Administraciones públicas establece la posible exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades, así como también la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios que incumplen esta regulación. Una disposición adicional del texto vigente, que hoy hace la número decimonovena, recoge esta importante previsión. También la principal Ley que regula el modo de actuar de las Administraciones públicas, esto es, la que tiene como título el régimen jurídico y procedimiento administrativo común y que se aprobó en 1992, regula la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y demás personal que prestan sus servicios en organismos públicos.
Es decir, no es necesario aprobar ninguna nueva Ley para investigar y aclarar si todas esas actuaciones, que tanto quebranto económico y de inseguridad jurídica han originado, surgieron del desconocimiento, del error de las autoridades, de su frivolidad o arbitrariedad. Lo que hace falta es voluntad para avanzar en la correcta actuación pública y exigir responsabilidades a quienes defraudaron el poder que se les reconoció y maladministraron los intereses públicos.
En fin, se constata que gastamos aspavientos pidiendo nuevas leyes pero no sabemos exigir el cumplimiento de las muchas que ya tenemos.
PUBLICADO EN EXPANSIÓN EL DÍA 30 DE MAYO DE 2013