La información es ciertamente uno de los valores más preciados en las bolsas y mercados. En “un marido ideal” nos recuerda Oscar Wilde que uno de los posibles orígenes de las grandes fortunas es la información privilegiada. De ahí que se persiga para tratar de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los inversores. Es más, el poder público se preocupa de que, si aparece una noticia “relevante”, se ponga a disposición de los inversores, convencido de que en un mercado transparente se realizarán mejor las operaciones y se fijarán de manera adecuada los precios. Varias disposiciones normativas precisan, en consecuencia, qué contenidos mínimos de información han de facilitar las empresas que cotizan en las bolsas, así como también la obligación de dar primera noticia de “hechos relevantes” que puedan incidir en la negociación de sus valores a la Comisión nacional del mercado de valores, para que su difusión sea simultánea a todos los inversores.

Esta regulación, que consigue ofrecer un equilibrio entre la información privada que facilitan las sociedades y los “hechos relevantes” de los que debe conocer en primer lugar el organismo público, no debiera alterarse a pesar del distinto criterio que se ha establecido hace unos días en el mercado de valores americano. Y ello a pesar del crédito que muchos damos a lo que allí ocurre, porque anticipa las tendencias y las soluciones a los conflictos.

Como bien ha contado este periódico, después de semanas de polémica por la difusión de un comentario en Facebook, el organismo regulador americano ha admitido la posibilidad de divulgar en primer término “hechos relevantes” a través de las redes sociales siempre que se satisfagan algunos presupuestos. En esencia: que los inversores sepan de manera anticipada cuál es el cauce elegido por la empresa y que tal medio no esté restringido. Que se haya entendido que Facebook satisface esos presupuestos da idea de que para el organismo supervisor americano la necesidad de una previa inscripción en la concreta red, la exigencia de facilitar datos personales, de soportar una futura publicidad, de cambios en el diseño, etc…, no son trabas que restrinjan el uso de esa red social. Sin embargo, a mi juicio, promover que los “hechos relevantes” se difundan primero través de esas redes desequilibra el valor de la información, que podrá ofrecerse de manera parcial y fragmentada, además de quebrar la igualdad de oportunidades de los inversores.

Nada hay que objetar a la renovación de los modos de publicidad, a las tendencias que se generan por el acierto de ofrecer una perspectiva diferente, a las novedades que traen las ideas creativas. Hace pocos días se modificó la Orden ministerial que precisa el régimen de la difusión de información relevante para imponer que, también a través de las páginas web, las sociedades cotizadas faciliten información (me refiero a la Orden de 1 de junio de 2009, que desarrolla el artículo 82 de la Ley del mercado de valores y que se modificó el pasado 20 de marzo). Pero no hay que caer en la simpleza de seguir cualquier movimiento. Admitir que las empresas ofrecezcan sus noticias a través de los cauces que ellas elijan podrá generar una percepción incompleta o insuficiente. Es trascendente la supervisión del organismo público para que aquilate qué es relevante, del mismo que son importantes los juicios de periodistas, analistas y otros expertos que coloquen las noticias en el contexto de una realidad más amplia. Lo estamos viendo con la polémica que existe por la discutida objetividad de la información que facilitan las empresas en portales comunes de conocimiento como Wikipedia. Resulta necesario contrarrestar el poder de las grandes corporaciones y sociedades, aunque sólo sea porque dos ojos ven más que uno.

Además, eliminar la exigencia de que los “hechos relevantes” sean conocidos en primer lugar por la Comisión nacional del mercado de valores tiene otras consecuencias que deben considerarse antes de promover cualquier reforma de la normativa vigente. Desaparecería la igualdad de trato a los inversores, quienes necesitarán mayor energía para darse de alta y seguir por las distintas redes una u otra información. Pero, sobre todo, ello conduciría a reducir el papel supervisor de la citada Comisión a la que no se le podrá pedir responsabilidad patrimonial por no haber controlado de manera previa esa información.

En estos días estamos leyendo cómo algunas entidades financieras no acudieron a la información que facilita el Banco de España en su central de riesgos antes de otorgar créditos a la empresa Pescanova. Si en el ámbito bursátil también contamos ya con un organismo público estable, no sujeto a las modas ni tendencias, que facilita la información básica para invertir: ¿por qué dejar caer primero esa relevante información pública en las redes sociales?

Publicado por el periódico Expansión el día 16 de abril.