En el principio fue la independencia y en su nombre se crearon hace ya algunas décadas varios organismos reguladores a los que se atribuyó competencias en sectores especialmente relevantes para la economía como es el caso de la energía o las telecomunicaciones. Hoy la Unión europea exige análogas fórmulas, e invocando el mismo principio, para regular el transporte ferroviario, el aeroportuario y las comunicaciones postales. En España contábamos ya desde los años sesenta además con lo que hoy llamamos Comisión Nacional de la Competencia.

Tras las elecciones legislativas últimas, el nuevo Gobierno anunció, ahora apelando el talismán del ahorro, la configuración de un “macro-organismo” que ha de aglutinar a todos estos organismos, asumiendo sus funciones. Plumas maliciosas -o acaso heridas por el escepticismo- han querido ver en este proyecto del Gobierno una forma de purificar los organigramas de tales entidades llenándolos con personas más cercanas al nuevo proyecto político.

Sea o no cierta esa aviesa hipótesis, lo cierto es que el proyecto de ley vive una mortecina tramitación en el Congreso.

Estando así las cosas, se filtra la noticia, procedente de Bruselas, según la cual la Comisión europea no vería con buenos ojos el diseño del Gobierno español porque adolecería la nueva criatura de falta de la adecuada independencia, la exigible a este tipo de organismos. Coincidiendo con ello, el Tribunal europeo con sede en Luxemburgo ha condenado a España alegando precisamente la falta de independencia en la gestión del sector ferroviario que, según se sabe, protagoniza ADIF (sentencia de 28 de febrero de 2013, asunto c-483/10).

Como ya tenemos suficiente experiencia sobre la independencia que cabe atribuir a organizaciones, Tribunales, Consejos y otras criaturas del Estado cuando sus dirigentes, consejeros, presidentes, vocales etc. son nombrados por el Parlamento, permítaseme alertar -por si hay algún despistado o persona aquejada de fallos en la visión sobre la evidencia- de que ninguna garantía de independencia se puede alcanzar cuando las designaciones quedan reducidas a un “cambio de cromos” entre los partidos políticos mayoritarios. Adviértase que en su seno no existe la más mínima intervención de sus órganos directivos sino que son dos o tres personas las que, en el ámbito parlamentario, se arrogan la pesada tarea de dirigir su dedo mirífico hacia el amigo o el pariente.

Conviene pues dejar de contar cuentos y enterarnos ya de una vez de que la independencia de una organización no se alcanza con este tipo de enjuagues.

A mi entender, y sin perjuicio de que tales nombramientos han de contar con un respaldo parlamentario para darles mayor dignidad y solidez, los mismos deben recaer en profesionales cuyos conocimientos en los distintos sectores estén perfectamente acreditado. En este sentido, los funcionarios, los profesores universitarios de disciplinas cercanas, los particulares con una larga trayectoria en los avatares correspondientes, serían las personas en las que las fuerzas políticas deberían posar su mirada para atraerles al ejercicio de este servicio al Estado.

A su vez, estos directivos, con los perfiles citados, han de contar con personal seleccionado en pruebas públicas, ante tribunales competentes (competentes porque conocen de lo que hablan los aspirantes), con temarios perfectamente conocidos y con una carrera funcionarial diseñada de forma que se halle libre de todo tipo de favoritismos y discrecionalidades.

Junto al personal neutral e imparcial ha de atenderse a las fuentes de financiación. Las mismas han de proceder de las tasas que estén legitimados para cobrar más el producto de las sanciones que puedan imponer pero, atención, integradas todas ellas en los mecanismos de los presupuestos generales del Estado. Es decir, un no rotundo a la autoadministración de los dineros. A menos que queramos reconstruir las Cajas especiales del siglo XIX contra las que lucharon todas las reformas del derecho presupuestario y de la contabilidad pública inspiradas por las personas de buenas entendederas de la época.

(Publicado en el periódico Expansión el viernes 8 de marzo).