“Obliti privatorum, publica curate”, “olvidarse de los asuntos privados, ocuparse de los asuntos públicos”. Esa es la máxima que acoge el dintel del Palacio 
del Rector de Dubrovnik y que vuelve una y otra vez a la cabeza al leer tantas noticias en los periódicos sobre escándalos de corrupción. Casos numerosos en los que políticos u otros responsables públicos han preferido cuidar su lucro personal frente a la responsabilidad de solucionar los problemas comunes.
Como el asunto de la corrupción no es nuevo ya los discursos de Cicerón recogían análoga admonición (“De officiis”, los deberes), que también aparece en otros textos clásicos: se trata de una aguja imantada que debería guiar la actividad de todo responsable público. En Dubrovnik lo leía el elegido a gobernar la ciudad por un corto período de tiempo antes de entrar en la residencia que se le facilitaba. Un Palacio, por cierto, donde prácticamente se le encerraba para que atendiera a tales responsabilidades sin otras distracciones.
Traigo a estas páginas esta añeja prevención porque hace algún tiempo se rescató en un Informe del Dictamen del Comité de las regiones europeas. Tiene fecha de 10 de octubre de 2012 y se refería a un paquete de reformas presentado por la Comisión europea sobre la protección de la economía lícita. El texto animaba a exigir a todos los Alcaldes la firma de una carta deontológica al inicio de su mandato que recogiera tal compromiso.
Probablemente si se hubiera seguido ese consejo, si al menos los responsables públicos hubieran leído a los clásicos y hubieran asimilado sus enseñanzas, no padeceríamos -en la medida desparramada que lo padecemos- el cáncer de la corrupción en tantas organizaciones públicas.
Pero ese aforismo no sólo debe martillear los oídos de quienes pueden comprometer los dineros públicos. Hay que dirigirse a todos aquellos que tienen alguna encomienda como representantes de la ciudadanía. Por ello, en estos días, cuando estamos atrapados por egoístas obstinaciones, deberían tenerlo muy presente los diputados del Congreso que han sido elegidos para cumplir relevantes funciones: elegir un Presidente, controlar la actuación del Gobierno, presentar leyes o corregir las que vienen del poder ejecutivo, respaldar el destino que debe darse a los dineros públicos …
Los diputados y los dirigentes de los partidos políticos han de recordar para qué fueron elegidos y, algo olvidado y dormido entre el polvo de los artículos constitucionales, deben actualizar constantemente el principio constitucional que les libera de cualquier mandato imperativo. Ni procedente de un colectivo concreto de electores, ni de un grupo económico, pero tampoco de las cúpulas de sus partidos que sin embargo se permiten ejercer -ignorando o retorciendo el texto de la Constitución- tan férreo control sobre los diputados que ya se califica nuestro sistema político como una “cupulocracia”.
A cualquier versado en la historia de la representación en Cortes y Parlamentos, a cualquier persona que conozca la lucha que en el pasado hubo de librarse para liberar el voto de sus miembros y encomendarlo a su conciencia, no puede dejar de sorprender que, en las votaciones para elegir al Presidente del Gobierno, los votos emitidos se mantuvieran firmes, inamovibles en el seno de los grupos. A diferencia de otras Cámaras europeas, pienso en Francia -caso reciente de las votaciones sobre la reforma constitucional o laboral- o Alemania -donde la poderosa canciller ha de enfrentarse a decenas de parlamentarios que discuten sus mandatos- en el Congreso 
de los Diputados de España los votos se hallan cautivos, son inflexibles, tan predecibles como encontrar en la puerta a esos leones que, pese a simular desafío, han perdido toda capacidad para infundir miedo.
Se ha propuesto (lo ha hecho Jorge de Esteban en las páginas de El Mundo) la modificación del Reglamento del Congreso para que, en la votación del candidato a la presidencia del Gobierno, se vote en urna (como ocurre por ejemplo en el Parlamento europeo). No es mala idea. Pero más definitivo sería que los diputados perdieran el temor a votar coram populo aquello que su conciencia y sus convicciones le dicten. Sin temor al castigo que pueda infligirles -recordemos al poeta: no he de callar por más que con el dedo ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo– el cómitre del grupo.
(Publicado en el diario Expansión el día 8 de septiembre de 2016).