La paz del camino y el esquema nacional de seguridad

Las redes y la navegación por Internet está colmada de riesgos y asaltos: virus, troyanos, gusanos, robo de datos, suplantación de la personalidad, ciberacosos.., además hay que proteger las infraestructuras “estratégicas” que nos garantizan el abastecimiento y la prestación de servicios esenciales… Por ello, una relevante función del poder público en la actualidad es garantizar la seguridad de las relaciones si queremos mantener una sociedad abierta y libre.

Esta preocupación me trajo hace tiempo a la memoria la situación de las tierras europeas cuando se comprobó que tras cumplir el año mil no se había caído el cielo como pronosticaban tantos agoreros… o, sin esas leyendas, cuando el desmoronamiento del Imperio Carolingio fue aprovechado en muchas zonas de las marcas por señores que discutían y rompían la fidelidad al rey y que querían consolidar su señorío… Una época de gran violencia y de venganza

Y en medio de ese violento ambiente, la paz de un monasterio acogió un sínodo donde se proclamó la primera “tregua de Dios”, la obligación de que durante unos días no hubiera agresiones, ni se practicara la violencia, ni ataque bélico alguno contra personas ni bienes… Y a partir de ahí, la protección a los monasterios y su entorno, a quienes se acercaran a los lugares de culto, a quienes acudieran a las ferias y mercados… Todo ello da origen a una relevante institución, a saber, “la paz del camino”. Porque es en el camino donde se necesita más sosiego, seguridad y paz.

Hoy día hemos de conseguir esa paz en los caminos virtuales y, en este sentido, hace años que se trabaja en consolidar un esquema nacional de seguridad.

Dentro de ese marco de actuación, la Federación española de municipios y provincias ha difundido, en colaboración con el Centro criptológico nacional, una asequible guía para los Municipios de menos de dos mil habitantes. Es cierto que forma parte de una documentación más extensa dirigida a todos los Ayuntamientos. Destaco, sin embargo, esta atención hacia los pequeños Municipios por cuanto -una y otra vez hay que recordarlo- representan la abrumadora mayoría en el mapa local español: más de cinco mil setecientos, de los poco más de ocho mil municipios existentes. Y, cuando con tanto ánimo los legisladores apuntan y debaten sobre nuevos retos e imaginativas soluciones para modificar tal o cual ley, ha de saberse cuál es la realidad dominante, la situación ciertamente palpable, con sus carencias y necesidades pero también el correcto hacer derivado del esfuerzo de muy pocos funcionarios.

Esa guía acoge un suficiente recordatorio de aquellas pautas que deben seguirse con el fin de asegurar el buen manejo de los medios electrónicos, garantizar el cuidado de la documentación así como el correcto uso de la información. Porque resulta indispensable dar confianza tanto a los vecinos, como a las autoridades y funcionarios de que todos los equipos y programas funcionan de manera segura, esto es, como repiten las disposiciones: que realmente de todo ese procedimiento informático sea responsable el Ayuntamiento y que ello se pueda acreditar a través de su “trazabilidad” o seguimiento, manteniendo su integridad y autenticidad, así como los necesarios criterios de confidencialidad.

Junto a las medidas físicas de seguridad hemos de tomar conciencia de la relevancia de proteger la información municipal. Que no se descuide un riguroso sistema de identificación, controles de acceso, que las comunicaciones se realicen a través de conexiones seguras, crear redes virtuales internas, facilitar el cifrado…

Los Ayuntamientos deberán designar a un responsable de esta seguridad informática que en un futuro próximo podría también asumir las funciones del nuevo delegado de protección de datos que ha configurado el Reglamento europeo.

Tales pautas pueden ser ordenadas por los Ayuntamientos de manera directa, con sus propios medios o encargar su incorporación a una empresa especializada que cuente con una certificación especial. Igualmente se puede contar con la asistencia de la Diputación provincial.

Y es que la actuación pública como la información para los vecinos exige unas mínimas garantías. Sólo sabiendo que existe una malla segura daremos los vecinos saltos acrobáticos entre nuestra realidad y la comunicación virtual.

 

 

 

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