Tras las elecciones, reformas autonómicas

Las elecciones realizadas en las Comunidades Autónomas han abierto la puerta hacia unos nuevos tiempos de Gobiernos regionales. Y ello a pesar de ciertos escollos que mantienen las leyes electorales y que dificultan conocer la auténtica visión del pálpito conjunto de toda la ciudadanía. Es verdad que no siempre pesan lo mismo los votos emitidos pero algunos aires de cambio han conseguido filtrarse en los Parlamentos y podrán orear comportamientos que estaban deteriorando el sistema democrático. Ahora, los candidatos elegidos deberán ejercitar sus habilidades de negociación y concretar mediante específicos pactos de Gobierno el horizonte de sus políticas, en especial, la prestación de servicios públicos básicos para la ciudadanía. Unos acuerdos en los que no cabe el adanismo porque han de saber tales políticos que esos objetivos han de alcanzarse a través de los caminos marcados ya por la Constitución y los Estatutos de Autonomía y además que, en este momento, han de sobrellevar la pesada carga de un déficit y unas deudas públicas sonrojantes.

Con relación a lo primero, al marco jurídico de actuación, los Gobiernos autonómicos deberán afrontar las responsabilidades y ejercer las competencias asumidas por los Estatutos de Autonomía. No pueden desentenderse de sus obligaciones ni trasladar al Estado su incompetencia. El Tribunal Constitucional lo ha subrayado en varias ocasiones: “las competencias son irrenunciables e indisponibles por imperativo constitucional” (entre otras, sentencias números 26/1982, de 24 de mayo, y 247/2007, de 12 de diciembre). No cabe tampoco que apelen a suscribir nuevos “convenios” para devolver competencias y desentenderse de sus responsabilidades. El Tribunal Constitucional ha advertido que ese medio “no puede servir para que el Estado recupere competencias en sectores de actividad descentralizados por completo … ni tampoco es admisible, como se dijo en la STC 95/1986, fj 5º, que merced a dicho convenio, la Comunidad autónoma ‘haya podido renunciar a unas competencias que son indisponibles por imperativo constitucional y estatutario” (STC 13/1992, de 6 de febrero).

Respecto a la situación económica, hay que recordar que son muchos los informes que alertan sobre la preocupante situación financiera de las finanzas regionales. La “Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal”, el organismo que trata de velar con rigor para que las Administraciones públicas satisfagan los objetivos de estabilidad presupuestaria, ha insistido en las diversas dificultades que existen para cumplir el margen de déficit por parte de las Comunidades autónomas. También la Comisión Europea en el Informe que ha presentado hace unos días relativo al “semestre europeo” muestra que persisten graves desequilibrios económicos en España y exige embridar irresponsables gastos autonómicos que considera desbocados.

Es cierto que en los últimos tiempos, y más con las citas electorales, generosos Fondos “de liquidez autonómica”, de “pagos a proveedores” y otras orondas transferencias han asistido financieramente a las Administraciones regionales para tratar de hilvanar tanto roto y descosido presupuestario. Una asistencia que se ha entregado sin mantener el vigilante seguimiento del uso de esos fondos, sin establecer unas mínimas condiciones para su adecuada distribución y evitar nuevos endeudamientos excesivos como precisa la Ley de estabilidad presupuestaria. Los sucesivos incumplimientos de déficit público deberían haber llevado a la Administración central a formular más concretas advertencias y exigencias a las autoridades autonómicas.

Más que nunca es razonable abrir el interrogante de si son “sostenibles” tantas Administraciones y la conveniencia de reformar el mapa territorial rediseñando unas Comunidades Autónomas con entidad territorial, poblacional y financiera suficiente con el fin de que puedan responsabilizarse con sensatez de los relevantes intereses regionales. No seríamos originales en afrontar tal reforma territorial. Otros países europeos -casos de Alemania, Italia o Francia- han iniciado ya ese camino con informes y propuestas legislativas que están en algunos casos en una situación muy avanzada.

Claro que esta iniciativa, que conducirá a una modificación de la Constitución, ha de meditarse y apoyarse en sólidos estudios geográficos, sociológicos, económicos y también jurídicos. Porque, entre otras consideraciones, importa mucho clarificar el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Regiones. Es un truismo afirmar que las entidades políticas están al servicio de los ciudadanos, pero hay que ser conscientes de lo que ello significa: básicamente que las responsabilidades y competencias asumidas puedan satisfacerse de manera eficaz a través de los recursos económicos que aporten los ciudadanos. Confiar en la permanente asistencia financiera del Estado o en desinteresados préstamos de inversores es un peligroso espejismo de falso oasis que conduce irremediablemente a caminar por un desierto con deficientes servicios sociales.

Tras el momento mágico de la elección, viene la selección. La selección de compromisos públicos que devuelvan la confianza a una ciudadanía malhumorada y exigente.

 

(Publicado en Cinco Días, el 25 de mayo).

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