Los rescates autonómicos y la bella Olympia

De nuevo la Comisión Europea ha alertado de desequilibrios existentes y riesgos preocupantes que pueden alterar las perspectivas económicas de España durante este año. Es cierto que en los últimos meses algunas noticias nos han tranquilizado en este esfuerzo de trabajo cotidiano para dejar atrás la crisis financiera. Pero hay que mirar al horizonte y, dentro de las pautas que se siguen para tratar de coordinar las políticas económicas de los Estados miembros -mástil indispensable para anudar tantas velas de políticas nacionales-, esta Institución difundió la semana pasada los Informes sobre la situación económica llamando la atención sobre significativos datos (tienen fecha de 26 de febrero y referencia SWD 2015, 28). Por lo que a España se refiere y entre otros aspectos, se destaca la elevada deuda pública, que superará el cien por cien del producto interior bruto, así como la incógnita sobre el cumplimiento del índice de déficit porque faltan controles sobre las Administraciones autonómicas.

Pero no sólo desde Bruselas se señalan problemas. Hace meses, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el organismo que trata de velar con rigor para que las Administraciones públicas satisfagan los objetivos de estabilidad presupuestaria, ha subrayado dificultades para cumplir el objetivo de déficit por parte de las Comunidades autónomas. A pesar de la insuficiente información que recibe y la escasez de medios con que se ha dotado a esta oficina tan relevante, los técnicos especialistas advierten en sus Informes que las líneas trazadas en los proyectos de presupuestos pueden desviarse con mucha facilidad: mientras faltan reales sistemas para controlar con eficacia los gastos, aparecen ensoñaciones de nutridos ingresos.

Deberían tomarse en serio las autoridades estas destacadas opiniones y afrontar el año 2015 con responsabilidad. Sospecho, sin embargo, que la mirada al calendario plagado de citas electorales puede anestesiar la razón y originar anormales decisiones.

Una muestra de esta adormecida responsabilidad pública es quizás la financiación autonómica. Como ha contado este periódico están previstos más de veintiocho mil millones de euros para los Gobiernos autonómicos y, lo que resulta más sorprendente, sin mayores contrapartidas. Ni se ha fijado la obligación de un mínimo interés para contribuir a los desajustes que originan estos abultados anticipos, ni tampoco parece que los instrumentos establecidos en la normativa de estabilidad presupuestaria, esto es, las actuaciones de seguimiento, control y advertencias, quieran estrenarse por el Gobierno.

Sorprende esta disponibilidad de tantos recursos públicos a favor de las autoridades autonómicas sin que el Gobierno, por su parte, quiera supervisar el correcto uso de los mismos y evitar que se abran nuevas vías de agua de déficit público que a todos los europeos afecta.

La reforma de la legislación de estabilidad presupuestaria en el año 2012 introdujo importantes precisiones con el fin de garantizar cierta sensatez en el uso de los fondos públicos. Unas medidas preventivas y correctoras que no son originales ya que se inspiraron en las ya existentes en el Derecho de la Unión Europea, pues también los Estados han de atender a las orientaciones marcadas por las instituciones europeas al examinar los proyectos de presupuestos, que puede establecer prioridades para impulsar la creación de empleo, realizar advertencias sobre propuestas que se consideren inadecuadas, formular requerimientos e, incluso, proponer sanciones. Y es que navegamos todos en el mismo barco. Del mismo modo, la Ley española regula las facultades de seguimiento de los gastos para evitar un endeudamiento excesivo, la posibilidad de realizar advertencias a las autoridades autonómicas, el establecimiento de controles y exigencia de autorizaciones cuando se incumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria o deuda pública, la obligación de presentar un plan económico-financiero, en su caso, otro plan de reequilibrio y, en último término, la imposición de medidas coercitivas.

Durante todos estos años de dificultades económicas, las cantidades transferidas a algunas Comunidades autónomas han sido ciertamente abultadas. Más de cuarenta mil millones de euros a Cataluña, más de veinte mil millones a la Comunidad valenciana… Este periódico ha analizado los problemas de estos “rescates autonómicos”. Y, sin embargo, ninguna medida de seguimiento parece que se haya adoptado para tratar de reconducir la situación. Lo que resulta grave.

Permítaseme un símil. Los “poderes territoriales” son como los autómatas del Doctor Coppelius muy útiles para muchos fines. La Administración Olympia nos permite disfrutar con sus actuaciones. Pero no debemos mantener su canto y su baile dando una y otra vez cuerda con tanta financiación sin ningún control. Hay que cuidar de esa cuerda, para evitar movimientos descarrilados o que desafinen su voz… no vaya a ser que, como en el cuento de ETA Hoffmann, bailemos y bailemos, giremos con tanta rapidez que quedemos aturdidos y esa muñeca mecánica se nos rompa de tanta cuerda financiera desbocada.

 

 

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