Que las aguas vuelvan a su cauce

Un nuevo conflicto hídrico puede enturbiar la gestión pública de las aguas. Estamos ya inmersos en suficientes problemas hidráulicos, porque mucho padecemos con los debates sobre trasvases, las polémicas en la redacción de los planes hidrológicos, las disputas con las construcciones de plantas desaladoras, las impugnaciones de los contratos de concesiones de abastecimiento o depuración, las discusiones sobre la gestión pública o privada de los servicios municipales.., pero ahora también nos llegan ecos de una posible guerra por el agua en Europa.

Desde hace meses se está tramitando un proyecto de Directiva con el fin de garantizar las mismas posibilidades de todos los empresarios en la adjudicación de las concesiones de servicios públicos. Tal propuesta sigue en gran medida el mismo esquema de otras Directivas que, desde hace décadas, han armonizado los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras, suministros y servicios de las Administraciones y muchos organismos públicos. En consecuencia, coherente con la política comunitaria que encauza la integración de los mercados europeos, permite a las Administraciones contar con una más amplia oferta para contratar en mejores condiciones y facilitar la competencia leal entre empresarios.

Sin embargo, el Comisario europeo de mercado interior acaba de anunciar que los servicios de aguas quedarán excluidos del ámbito de aplicación de dicha propuesta. Justificaba ese golpe de timón por los vientos de una petición ciudadana. Y es que la primera iniciativa presentada ante la Comisión europea, que ha aunado a más de un millón y medio de europeos, se titula “el derecho al agua y al saneamiento como derecho humano”. (¡Y hay quien sigue ignorando los cauces de participación democrática con la descalificación de la “burocracia bruselense”!).

Dicha iniciativa, en resumen, solicita que se incorporen esos derechos a la Carta europea de Derechos fundamentales, así como que se incrementen los esfuerzos para garantizar el suministro del agua y mejorar el sistema de saneamiento. Además, se pide que queden esas actividades fuera del “mercado interior europeo” y de la liberalización, sin excluir en la gestión la llamada “colaboración público-privada”. Un conjunto de propuestas, muchas loables, pero que exigen algunos matices, que son los que debería analizar la Comisión.

Por supuesto que el agua -recurso natural indispensable y escaso- debe quedar excluida de la tendencia liberalizadora. Los romanos ya calificaban las aguas como res communis omnium. Pero que queden apartadas de los movimientos liberalizadores es algo muy distinto a que los servicios y actividades hídricas queden fuera del mercado interior. A mi entender, no parece aconsejable que, en un proceso de integración europea, haya una actividad económica fragmentada por nuevos muros nacionales. Esto es, que a las empresas, muchas españolas con gran experiencia y solvencia en este ámbito, se las impida concurrir a la prestación de servicios hídricos en otros países europeos porque tienen esos servicios acotados en un ámbito territorial específico.

Bien sabemos que en España, y lo mismo ocurre en otros países que han bebido de las fuentes del Derecho francés, los servicios integrales del agua pueden gestionarse a través de diversas modalidades que van desde la municipalización, a través de variadas fórmulas de gestión pública, a una gestión calificada como “indirecta”, porque el responsable puede ser un empresario privado, caso de muchos concesionarios, o empresas mixtas en la que concurren la participación pública y privada, entre otras posibilidades. Por cierto, fórmulas remotas que ahora se acogen en el molde que se presenta como innovador de la llamada “colaboración público privada”. Muchas son pues las técnicas de gestión porque lo relevante, más que las alternativas a valorar en cada situación, es que el abastecimiento y el saneamiento hayan sido declarados “servicio público”. Eso es lo que garantiza un régimen especial de tutela pública y unos derechos de los ciudadanos a obtener una mínima prestación del servicio en igualdad de condiciones y con unas tarifas razonables supervisadas por la Administración.

Por ello, a mi entender, los esfuerzos deberían redoblarse no en excluir sectores del proyecto de Directiva de concesiones, sino precisamente en corregir y mejorar la propuesta presentada para garantizar, entre otros aspectos, los derechos de los ciudadanos a la adecuada prestación de los servicios públicos, así como las facultades de intervención pública sobre la empresa concesionaria. Porque es importante garantizar la prioridad de la correcta satisfacción del interés público aunque se gestione el abastecimiento por una empresa mixta. La prestación del servicio es preferente al ánimo de lucro de esa sociedad. En este sentido, cuenta la Comisión europea para inspirarse con numerosos libros y monografías de profesores de Derecho público.

Esa atención a la esencia del servicio público es la que podría hacer volver muchas aguas al cauce de una coherente construcción de la Unión Europea.

(Publicado en el periódico Expansión el pasado día 25 de julio).

 

Etiquetado con: , , ,
Publicado en Europa, Portada derecha 2