¿Responderá alguien por las participaciones preferentes?

Lugar destacado en los medios de comunicación está teniendo la información sobre los problemas que se conocen ya como “las preferentes”.

Valores que desde hace más de una década han emitido entidades financieras y otras grandes empresas para conseguir sustanciosa financiación a cambio de unas cláusulas singulares. Entre otras previsiones, los intereses estaban condicionados a la situación económica y la devolución de la cantidad invertida era una decisión reservada a la voluntad de la entidad receptora de esos fondos. De “preferentes” no tenían nada, porque ninguna prioridad ostentaban estos valores en el orden de prelación a la hora de recuperar las cantidades frente a otras modalidades de inversiones. Urge recuperar la semántica y no dar la vuelta a los diccionarios para ofrecer una visión tan enrevesada y desfigurada de la realidad.

Pero urge más recuperar la exigencia de responsabilidad. La zozobra que vivimos navegando en los mares agitados por las crisis no deben desorientarnos. Procede izar las velas de la seguridad jurídica y de la exigencia de responsabilidades. Responsabilidades privadas y públicas. El Gobierno ha anunciado una nueva regulación para evitar que en el futuro se reiteren los problemas. Pero no considero suficiente mirar sólo hacia el futuro sin advertir de dónde han surgido los abusos y, sobre todo, sin depurar responsabilidades, porque diversos comportamientos reprobables están en la causa del conflicto.

Por supuesto, en primer lugar, hay que dirigir la mirada hacia la entidad que promovió esas emisiones tan peculiares. Es clásico el aforismo del derecho germánico “la mano guarda la mano” (Hand muss Hand wahren) o, en otros términos más castizos: allí dónde has depositado tu confianza debes buscarla. Y es que hay que analizar si las condiciones firmadas respondían a los principios básicos de la contratación, si no infringían el equilibrio entre los contratantes, si contenían cláusulas abusivas, oscuras o imprecisas…

Pero, es más. La extensa comercialización de estos valores pone también de manifiesto conductas reprochables que habría que erradicar: los incentivos y presiones a los empleados para colocar estas emisiones; la insuficiente formación de algunos profesionales; la defectuosa información, cuando no, las argucias, falsedades que hayan podido ser empleadas… Y, sobre todo, el fracaso de las medidas de protección de los inversores recogidas en la normativa sobre los mercados financieros. Como sabemos, las inversiones deben ir precedidas de una clasificación de los clientes tras ofrecerles la explicación del producto que se ofrece, advertir que han entendido sus elementos, que comprenden los posibles riesgos. Pero los pobres cuestionarios que circulan por las entidades financieras no cumplen la finalidad prevista. Es obligada, por tanto, la actuación del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que tienen el deber de supervisar la actuación de tantas entidades financieras y de inversión.

Y entramos ya en el campo de las responsabilidades públicas. Porque estos relevantes organismos públicos tienen la responsabilidad por el funcionamiento del sistema financiero y del mercado de valores, de proteger a los inversores, de garantizar la transparencia del mercado. La citada Comisión ha de verificar las emisiones de valores, puede requerir modificaciones en las mismas, ha de controlar la publicidad… Son importantes sus funciones que, lógicamente, van acompañadas de potestades de inspección y sanción. La Ley del mercado de valores tipifica muchas infracciones. Un largo listado de más de cien conductas que agotan el abecedario y se multiplican con bises, quater, sexsies… recogen los artículos 99 y siguientes, y los plazos de prescripción de esas infracciones son suficientemente largos para promover actuaciones. Cinco años. Resulta, pues, obligado que la Comisión actúe y se dirija a los consejos de administración de tantas cajas rotas, así como a los anteriores consejeros que tan graves daños han causado. Debe analizarse si tales comportamientos constituyen infracciones graves para sancionarlas con rigor e indemnizar los daños originados a los inversores confundidos.

El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores son responsables de que confiemos en el sistema financiero y, ante su falta de actuación, también cabe la exigencia de responsabilidad patrimonial a estos organismos por algunos de los daños causados a los inversores afectados. Desgraciadamente no todos tienen reparación porque la pérdida de confianza en las instituciones es asunto grave difícil de remendar. La responsabilidad no es una bagatela. Es el arbotante que permite mantener en pie el sistema democrático.

 

(Publicado en el periódico Expansión el día 12 de septiembre de 2012)

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