¿Pero es tan sencillo devolver competencias autonómicas?

(Publicado en el periódico Expansión el día 12 de abril de 2012)

 

Resaltan los periódicos las declaraciones de políticos autonómicos que quieren ahora “devolver” sus competencias. Angustiados por la grave crisis que padecemos y titubeantes ante la adopción de otras decisiones, parece que pretenden espantar sus temores trasladando simplemente la responsabilidad de algunos asuntos públicos a la Administración del Estado.

Durante años algunos advertimos de la conveniencia de examinar cómo se estaban ejerciendo las competencias autonómicas, de analizar cómo se administraban los dineros públicos. La vacua cantinela de que “el Estado autonómico funcionaba razonablemente bien” paralizaba cualquier debate y se continuaba con la tendencia desenfrenada de romper “techos competenciales”, de reivindicar más, siempre más competencias y más que el vecino…  Así, años y años de reformas festivas, ignorando las llamadas de atención que alertaban de la quiebra de la unidad de mercado, de las dificultades para poner en pie muchos proyectos que afectaban a varias regiones, del infantilismo de multiplicar por diecisiete tantos organismos públicos, del despilfarro que podía genera tanta sociedad y fundación pública… Ni las denuncias de corrupción cuestionaban el Estado autonómico. Ha tenido que ser la grave crisis financiera la que ha desvelado que padecemos una preocupante crisis institucional. ¡Y se quiere solucionar “devolviendo competencias”! como si nada hubiera ocurrido. Como devuelve un niño mimado un juguete con el que se encaprichó y, al primer contratiempo, no sabe qué hacer con él.

Pero ¿es así de fácil la solución? ¿Realmente se pueden devolver competencias?

Deberían los responsables políticos ser más conscientes del sistema jurídico que tenemos. En varias ocasiones el Tribunal Constitucional ha repetido que “las competencias son irrenunciables e indisponibles por imperativo constitucional” (entre otras, sentencias números 26/1982, de 24 de mayo, y 247/2007, de 12 de diciembre). Resulta una cuestión elemental: las competencias atribuidas por la Constitución española y asumidas por las Comunidades autónomas en sus Estatutos de Autonomía deben cumplirse precisamente por ellas. Cada institución, cada organismo debe ser responsable de su función. Es este un principio básico del actuar administrativo: las competencias son irrenunciables y deben ejercerse por el órgano que las tenga atribuidas como propias, recuerda el artículo 12 de la Ley de régimen jurídico y procedimiento administrativo común. En el mismo sentido, las Comunidades autónomas han de responsabilizarse de las competencias que han asumido sin que sea posible, de conformidad con la normativa actual, una devolución unilateral de una competencia autonómica a la Administración estatal.

Tampoco es posible que una Comunidad autónoma suscriba un “convenio” para devolver las competencias al Estado. El Tribunal Constitucional ha advertido que ese medio “no puede servir para que el Estado recupere competencias en sectores de actividad descentralizados por completo… ni tampoco es admisible, como se dijo en la STC 95/1986, fj 5º, que merced a dicho convenio, la Comunidad autónoma ‘haya podido renunciar a unas competencias que son indisponibles por imperativo constitucional y estatutario” (STC 13/1992, de 6 de febrero). Es más, si una Comunidad autónoma hiciera dejación de sus responsabilidades, la Constitución prevé que el Gobierno, tras la conformidad del Senado, adopte las medidas que considere oportunas para obligar al cumplimiento forzoso de esas obligaciones (art. 155 CE).

En consecuencia, para modificar el esquema actual de la distribución de competencias serán necesarias otras actuaciones. Por ejemplo: la aprobación de una Ley de armonización, como prevé el artículo 150.3 de la Constitución; una reforma estatutaria y una reforma constitucional.

Puede generar sarpullidos pensar en una nueva reforma de los Estatutos de Autonomía y de la Constitución. Sin embargo, alguna enseñanza deberíamos haber extraído de lo que hemos vivido. Y es que no debe procederse de la manera frívola en la que se actuó en el pasado: sin el tradicional consenso, reformas promovidas de manera unilateral por las Comunidades autónomas, sin mayor concierto y sin pensar en el conjunto del Estado. Hay que hacer justo lo contrario. Esto es, constitúyase una Comisión integrada por expertos y estúdiese con rigor cómo deben distribuirse las competencias, cómo evitar tanta duplicidad, disfunción y despilfarro, cómo atender las necesidades de los ciudadanos, cómo prestar bien los servicios públicos por Administraciones que tengan suficiente capacidad y recursos. Porque esa es realmente la razón que justifica a las Administraciones públicas.

Es cierto que la grave crisis económica exige medidas urgentes e inmediatas y algo pueden hacer ya las Administraciones públicas en su propio ámbito de actuación. Pero no hay que perder de vista el horizonte de la indispensable reforma de la distribución del poder público y cuanto antes hay que empezar a andar ese camino, si no queremos de tanto hablar y hablar de competencias despeñarnos por el barranco de la incompetencia.

Publicado en Comunidades autónomas, Portada abajo derecha

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